Hace unos meses, APISVA envió una queja al Defensor del Pueblo, continuación de la que ya mandamos al Procurador del Común (en la que se nos dio la razón, por cierto). Las bases de la queja eran las mismas y la contestación ha sido bastante "de andar por casa"...
En esta carta de respuesta, se nos viene a decir que cada CCAA es la que debe decidir qué hace con las titulaciones nuevas que se imparten, en el uso de sus competencias. hasta ahí todo es normal, el problema llega cuando las administraciones DEJAN DE HACER LOS DEBERES, incumpliendo el que, entendemos, es su obligación.
Esta obligación es la de, como mínimo, conocer las titulaciones que imparten (cosa que no ocurre en muchos lugares) y garantizar que tengan unas opciones de inserción laboral razonables. Si no es así, están haciendo dejación de sus responsabilidades y:
a) Desaprovechando el dinero de los ciudadanos/as, que aportan en forma de impuestos y que se invierten en titulaciones como la nuestra.
b) Infrautilizando un potencial humano, el de los profesionales que se forman estudiando la titulación de TSIS.
c) Hurtando la posibilidad de la población se beneficie de los servicios que pueden ofrecer los profesionales titulados en IT; ya que estos no pueden ejercer, en muchos casos, su trabajo.
Esto es, claramente, una situación injusta, porque va más allá de un "pequeño desajuste" en el funcionamiento de las administraciones. Se trata de una negligencia que ataca a los intereses de los y las TSIS y de la propia ciudadanía.
Estamos elaborando una respuesta para el Defensor del Pueblo, porque entendemos que tenemos la razón y que es hora de que se nos haga caso.
Saludos.
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